Por Violeta Moreno Haro
En Jalisco solemos discutir a los políticos por etiqueta, por alianza, por pleito, por quién se tomó la foto con quién. Pero hay una forma más útil, revisar qué piezas dejan capacidad instalada, qué cosas se pueden verificar, qué reconocimientos no se inventan y qué números, aun imperfectos, permiten evaluar. Con Alberto Uribe conviene leerlo así, sin incienso y sin caricaturas, porque su trayectoria tiene un rasgo que no es tan común, hay logros que se pueden documentar y hay decisiones de gobierno local que se volvieron referencia nacional.
En su paso por Tlajomulco, uno de los focos más claros fue la agenda ambiental. En 2016, el municipio fue reconocido con el Premio Alcaldes de México en la categoría Protección al Medio Ambiente, asociado a la creación de una Fiscalía Ambiental, a la reestructura del área ambiental y al trabajo alrededor de la Laguna de Cajititlán. Lo relevante no es el trofeo, es el tipo de enfoque, cuando un ayuntamiento decide “poner dientes” a la vigilancia ambiental y convertir el tema en política pública municipal, no en discurso. En la comunicación institucional del propio municipio se consignan dos datos que ayudan a dimensionar la escala de esa apuesta, un presupuesto municipal “mayor a 180 millones de pesos” para el saneamiento de Cajititlán y la siembra de “más de 80 mil árboles” en un temporal de lluvias.
La segunda línea verificable fue transparencia y gestión administrativa. En 2018, Uribe recibió el premio a las Mejores Prácticas de Gobiernos Locales en la categoría Transparencia, también de la revista Alcaldes de México. El argumento público del reconocimiento es específico, fortalecimiento de la unidad de transparencia, herramientas tecnológicas para acceso ciudadano, cumplimiento de estándares de CIMTRA, y un dato que vale por sí mismo, el municipio reportó haber respondido el 100% de las solicitudes de información durante ese año. Transparencia, cuando es real, no suena épica, suena burocrática, y por eso mismo importa.
En infraestructura y modernización administrativa hay otra pieza que se puede citar sin adjetivos. En 2015, el gobierno municipal informó que el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco (CICEJ) otorgó al entonces presidente municipal un reconocimiento, el “premio Coloso”, en la categoría Soluciones Innovadoras, por el proyecto del Centro Administrativo Tlajomulco. En ese mismo comunicado se afirma algo todavía más interesante para quienes siguen el diseño institucional, que el CAT fue el primer proyecto municipal en México bajo esquema PPS (inversión y prestación de servicios público privado). No es menor, esos modelos, bien o mal ejecutados, marcan una etapa en cómo los municipios intentaron profesionalizar infraestructura y servicios, y también abren la puerta a evaluar con lupa contratos y resultados, que es como debe hacerse.
Ahora bien, cuando se piden “números” en gobierno local hay que distinguir entre datos auditables y cifras de narrativa. En un currículum público difundido por un sitio institucional, se incluyen métricas que, al menos, fijan un estándar de conversación, se afirma que Tlajomulco llegó a 56% de recaudación propia respecto de su presupuesto, que se incrementó la recaudación en 24%, y que se incorporó “a más de 3 millones” al padrón catastral, además de mencionar reconocimientos vinculados a BANOBRAS, INEGI y el BID sobre catastro y “Geobase”. Es información que sirve como pista para investigar y contrastar, porque pone sobre la mesa lo que sí debería medirse en un municipio que crece a presión, ingresos propios, catastro, base de datos, capacidad de sostener servicios sin vivir siempre de transferencias.
El cierre de la lectura no está solo en el pasado municipal. Hoy, Uribe ocupa un cargo federal con impacto económico, Director General de Contenido Nacional y Fomento al Sector Energético en la Secretaría de Economía, y su agenda pública se ha movido por una línea concreta, empujar la política industrial alrededor del programa Hecho en México y su uso como herramienta para fortalecer cadenas productivas y reducir dependencia de importaciones. En Jalisco hay un ejemplo puntual con números, en agosto de 2025, 16 productores de tequila recibieron la certificación “Hecho en México”, autorizando su uso en 85 marcas, y en ese acto Uribe participó en representación de la Secretaría de Economía. Esta parte es relevante porque amarra dos mundos, el de la política industrial y el de los sectores con identidad productiva fuerte en el estado.
Alberto Uribe no es un personaje que se explique con una sola etiqueta. Se le entiende mejor cuando se revisa lo medible, reconocimientos específicos, decisiones institucionales, cifras que obligan a auditar. En un país donde la conversación pública suele premiar la consigna, esa es una ventaja comparativa, que el debate sea sobre capacidad, no sobre ruido.
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