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Análisis

El presidente anunció, en su reciente visita a Jalisco, un aumento de elementos de la Guardia Nacional en el estado. A decir del Presidente López Obrador, “el problema de inseguridad y violencia que se padece en Jalisco y el compromiso del gobierno federal de apoyar al gobierno del estado, de trabajar juntos para conseguir la paz en Jalisco”… “aquí se está padeciendo de más inseguridad y violencia por eso estamos decididos a dar atención especial a Jalisco”. Efectivamente, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Jalisco, del 01 de enero al 31 de mayo de 2019, registra el tercer lugar en robo de vehículo; se coloca en el tercer sitio en robo a transeúnte; se ubica en el séptimo lugar en extorsión; se coloca en el séptimo lugar en robo a casa habitación; registra el onceavo lugar en homicidio doloso; y el doceavo sitio en feminicidio, a nivel nacional.

Pero a Jalisco sólo se destinan  mil 865 efectivos de la Guardia Nacional: mil 455 se encuentran distribuidos en el Área Metropolitana de Guadalajara y 410 elementos en Puerto Vallarta. Se dice que estos mil 455 elementos formarán parte de los 3 mil 600 efectivos considerados para nuestro estado. Su labor, anticipan, será de proximidad social. Se anunció que el coronel Marcos Burgos Legorreta será el Coordinador Estatal de la Guardia Nacional en Jalisco. Bajo su mando estarán siete inspectores generales más y 58 subinspectores para comandar las ochocoordinaciones regionales del estado. 

Ahora bien, no se explica el criterio de asignación de número de elementos de la Guardia Nacional que son enviados a cada entidad federativa. Especialmente a Jalisco.Parece, incluso, absolutamente arbitrario. ¿Por qué a Guerrero, con 3.6 millones de habitantes, se le enviaron en esta primera etapa 3,400 efectivos de la Guardia Nacional; y a Jalisco, con 8.1 millones de habitantes, se le envían apenas mil 865? Guerrero tiene un problema de seguridad muy serio, pero Jalisco es el bastión del cártel más poderoso del Mundo, según información del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Veamos algunos datos en perspectiva, por ejemplo con Guerrero, información oficial del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a mayo de 2019: En robo a transeúnte, Jalisco tiene una tasa por cada 100 mil habitantes de 79.5, mientras Guerrero apenas de 3.19; en robo a vehículo, Jalisco tiene una tasa de 111.8, mientras que Guerrero de  38.6; en robo a casa habitación, Jalisco tiene una tasa de 38.5, mientras que Guerrero de 3.13; en extorsión, Jalisco registra una tasa de 4.77; mientras que Guerrero apenas 2.99;en homicidio doloso, Jalisco tiene una tasa de 10.8, mientras que Guerrero es 17.9, es decir, un 60% más. 

Lo más absurdo es que Jalisco tiene 8.1 millones de habitantes y se le envían apenas mil 865 elementos; mientras que a Guerrero, que posee 3.6 millones de habitantes, se le despachan tres mil 400. No parece existir un criterio racional de asignación de elementos de la Guardia Nacional, de acuerdo a los datos de violencia registrados y la complejidad de la inseguridad medida en ambas entidades…

 

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Maestro en Filosofía por la UNIVA. Actualmente es Director General de Canal 44 y Canal 31.2 de la Universidad de Guadalajara (UdeG); Institución en donde además ha ocupado los siguientes cargos: Vicerrector General Ejecutivo, Rector del Centro Universitario de la Ciénaga, Director General de Medios UdeG y fundador de la Licenciatura en Periodismo. Es Presidente del Consejo Consultivo de Notimex y Vocal Propietario ante la Junta de Gobierno de la agencia de noticias del Estado mexicano. Y recientemente fue nombrado director de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Twitter: Gabriel_TorresE

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Gabriel Torres Espinoza

Debe estar el INAI, ¿en inexorable enclaustramiento?

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Gabriel Torres Espinoza

En días pasados, comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), fueron invitados por las Fuerzas Armadas del Estado Mexicano, a hacer un recorrido por el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Al final del recorrido, los comisionados hicieron declaraciones sorprendidos por la magnitud de la obra. Probablemente exageraron un tanto, y tal vez la cortesía de sus declaraciones, pudo ser observada como imprudente, debido al momento de polarización del país.

De modo que esto derivó en una polémica y una crítica, que siempre resulta sana. No obstante, llegar al punto de concluir que este acto “violentó”, “comprometió” y “renunció” a la autonomía constitucional del órgano garante nacional, no es sino el resultado de ese análisis cargado de fobias y filias. Acudir a una visita, por invitación de las fuerzas armadas nacionales, no vulnera de modo alguno la autonomía constitucional del INAI.

Asumir por esto, semejante absurdo, es torcer los hechos para querer concluir que, la autonomía constitucional del INAI, debe ser el inexorable enclaustramiento y abandono oficinesco de un órgano de Estado. De forma que, bajo este razonamiento, la independencia de los comisionados del INAI, frente al poder, no se acredita en sus resoluciones, lineamientos, ni criterios, sino en el resguardo ascético del espacio burocrático, tal monje tibetano.

Por ejemplo, en la ceremonia de juramentación, del cargo de presidente de los Estados Unidos, se estila apoyar la mano sobre una Biblia. Seguramente bajo este rasero de análisis, inmediatamente denunciarían la violación del carácter laico de la Unión Americana. O bien, que en el anual ‘discurso del estado de la Unión’, de aquel país, se encuentran sentados en la primera fila los jueces de la Corte Suprema —porque señalarían irritados, con dedo flamígero, la inexistencia en la imparcialidad de la justicia—. Más aún, se sorprenderían al ver que este mensaje del presidente de los E.E.U.U. es interrumpido en varias ocasiones, por extensos aplausos de pie por republicanos y demócratas —y en un par de ocasiones por los miembros de la Corte Suprema—, de forma que supondrían también que eso trastocaría la independencia del Legislativo y Judicial, frente al Ejecutivo.

La autonomía constitucional del INAI no se pierde, ni se sitúa en riesgo por la portación de un chaleco en color lila en esta visita —que no lo compraron sus comisionados, sino que se los pusieron a su ingreso—, ni tampoco por expresiones de franco alago a esta obra. La cortesía, frente al anfitrión, ni quita lo valiente, ni lo autónomo o independiente. Los más elementales protocolos de cordialidad, respeto y reconocimiento acontecen, con normalidad cívica, en cualquier República. Que bueno que en el INAI se observen. La autonomía del INAI, en todo caso, debe justipreciarse en sus resoluciones al momento de tutelar el acceso a la información, como lo ha hecho hasta ahora. Como dato: de 2018 a la fecha, el INAI ha resuelto el 68.9% de los recursos de revisión a favor del ciudadano, en solicitudes de información a la Sedena, y tan sólo en el 11% de los casos le ha dado la razón a esta Secretaría. Por el INAI hablan, claramente, los resultados.

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Gabriel Torres Espinoza

¿Un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático?

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Gabriel Torres Espinoza

El pasado 7 de octubre, fue publicado el informe anual Latinobarómetro 2021 —que versa sobre datos obtenidos entre el 26 de octubre y 15 de diciembre de 2020—. De dicho estudio destaca lo siguiente.

El ‘apoyo a la democracia’, en América Latina, se encuentra un nivel particularmente crítico: tan sólo el 49% de los latinoamericanos dicen que la democracia “es preferible a cualquier otra forma de gobierno”. De forma que, 2019 y 2020, han sido los dos años con el menor porcentaje en este indicador (desde 1995), con un 48% y 49% respectivamente. Al respecto, es importante señalar que el estudio encuentra una interesante correlación de proporcionalidad, entre la creciente y decreciente expresión de la pendiente, relacionada con el ‘apoyo a la democracia’ y la evolución o involución del PIB Per Cápita en la región. De modo que a mayor PIB Per Cápita, mayor propensión a preferir la democracia sobre cualquier otra forma de gobierno, y viceversa.

En México, respecto de este indicador, ocurre, sin embargo, algo interesante. Desde 1995, son los años 2017 y 2018 los que han acreditado el menor porcentaje de ‘apoyo a la democracia’ sobre cualquier otra forma de gobierno con un 38% —un valor, desde luego, muy alejado del obtenido en 2002, cuando el 63% de los mexicanos consideraban que la democracia era ‘preferible a cualquier otra forma de gobierno’—. En ese particular contexto, es que ocurrieron las elecciones concurrentes de 2018. No obstante, en 2020, el ‘respaldo a la democracia’ en nuestro país creció en cinco puntos porcentuales respecto de 2018, para así registrar un 43% [porcentaje considerablemente menor respecto de la ‘media’ en la región, que es de 49%]. No obstante, resulta aún preocupante que, actualmente, el 22% de los mexicanos (casi uno de cada cuatro), consideren que “en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede ser preferible a uno democrático” [2do porcentaje más alto en Latinoamérica, en donde el promedio regional es de apenas 13%].

Con relación a la confianza en las instituciones, México registra el 4to menor porcentaje regional de confianza en la iglesia, con un 53%. Aunque sigue siendo un valor considerable, se encuentra por debajo del 61% que alcanza el promedio en América Latina. Respecto de la ‘confianza en el Presidente’, nuestro país registra el 4to porcentaje más alto, con un 44% —encima del promedio en la región que es del 32%—. Por otro lado, apenas el 22% de los mexicanos manifiesten tener ‘confianza en la policía’ que, dicho sea de paso, es el 2do porcentaje más bajo de la región —apenas por encima de Venezuela donde el valor es de 13%—.

Finalmente, es francamente alarmante el hecho de que la institución que ostenta un menor nivel de confianza institucional, dentro de todas las democracias de latinoamericanas, sean precisamente los partidos políticos, que registran apenas un 13% de confianza en promedio —porcentaje que, a su vez, comparte México—.

De forma que la democracia en América Latina registra porcentajes poco alentadores, sin lugar a dudas, pues su apoyo o respaldo se encuentra en franca división entre la sociedad, y apenas uno de cada 10 manifiestan tener confianza en los partidos, el vehículo por excelencia de la vida en democracia.

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Gabriel Torres Espinoza

No intromisión, en política, de los jerarcas de todas las religiones

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Gabriel Torres Espinoza

El 30 de septiembre pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la nulidad de la elección del Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, revocando así la resolución de la Sala Regional Guadalajara, la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana.

La declaratoria de nulidad de una elección no representa un asunto atípico ni reciente en nuestro país. Ocurrió por primera vez en 1994, cuando el Tribunal Federal Electoral —entonces Trife— invalidó la elección del distrito federal IV en Atlixco, Puebla, respecto de una diputación federal por el principio de mayoría relativa. Desde entonces, el máximo tribunal electoral ha anulado un copioso número de elecciones y resultados electorales para los cargos de diputados [federales y locales], alcaldes [nada más, en el pasado proceso electoral de 2021, los tribunales electorales han invalidado resultados y/o elecciones en Jilotlán, Zapotlanejo y Tlaquepaque] e incluso gobernadores [Tabasco, en 2000; y Colima en 2003 y 2015].

Con esta resolución, el Tribunal Electoral sentó un precedente muy relevante (histórico, señalan) al determinar que se violentó el carácter laico del Estado Mexicano. Señala la ‘Enciclopedia de la Política’ que, el laicismo, es un “régimen político que establece la independencia estatal frente a la influencia religiosa y eclesiástica”. Además, “el laicismo garantiza el libre ejercicio de todos los cultos y además se empeña de rodearles de toda respetabilidad posible y de alejarlos de los riesgos de las luchas políticas”. El ‘estado laico’ es aquel que “estima que el concepto religioso es enteramente ajeno a sus actividades”.

Es decir, ‘la laicidad’ corresponde tutelarla al Estado, haciéndose -para tales efectos- de medidas coercitivas, y no la esfera religiosa. Son, antes bien, algunos ministros de culto los que en ocasiones se resisten a este principio. Pero es el Estado, a través de sus instituciones (jurisdiccionales), el que tiene la obligación de salvaguardarlo. Como sostiene el jurisconsulto Rodrigo Borja: “aunque parezca paradójico, las leyes están hechas para ser infringidas. La falta de transgresiones a la ley sólo demostraría la inutilidad de ella. Es la posibilidad de conductas irregulares lo que la hace necesaria. De modo que, a diferencia de las normas naturales, lo que caracteriza a las normas jurídicas es precisamente la susceptibilidad de ser violadas. Casi diría la fatalidad de su violación”. De esta manera, la trasgresión de este principio, tan sólo acredita su necesidad y no precisamente su vulnerabilidad.

De suerte tal que la resolución por mayoría de la Sala Superior del TEPJF representa un transcendental precedente para la democracia laica en nuestro país, que busca favorecer una mejor observancia de un principio que debe circunscribir la competencia electoral: la separación Iglesia-Estado y la neutralidad religiosa de todas las instituciones públicas estatales. El laicismo asegura, a su vez, la libertad individual de culto, la tolerancia a la diversidad religiosa de la nación y la no intromisión, en la política, de los jerarcas de todas las religiones.

 

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