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Brújula Pública

En sus acostumbradas conferencias matutinas, el titular del Ejecutivo Federal abre diferencias con diversos personajes o situaciones, a quién desacredita señalando que él tiene otros datos. Sobresalen los siguientes ejemplos.

La ausencia de un posicionamiento a la deliberada modificación al periodo de mandato del gobernador electo en Baja California, de dos a cinco años, que hicieron los diputados locales de esa entidad federativa, pese a las críticas de la opinión pública, pero con consentimiento del ganador y de la actual dirigente nacional de su partido político.

Con una clase política corrupta y mediocre, como los diputados de Baja California, que no les interesa vivir en estado de derecho, esto se convierte en un peligro para la democracia en México, porque abre la puerta a que los diputados de algún otro Congreso local destituyan al gobernador electo para un periodo en las urnas. La posición del presidente no abona la certeza y, por el contrario, su negativa a intervenir y su desinterés en participar para regresar al orden constitucional, abre las sospechas que esta maniobra legaloide fue con su consentimiento.

El Fondo Monetario Internacional (IMF, por sus siglas en inglés) redujo sus pronósticos de crecimiento de México, a lo que el presidente López Obrador descalificó sus dichos, argumentando que no tiene calidad moral. Este organismo internacional desarrolla programas económicos basados en el Consenso de Washington, que consisten en la reducción del déficit y del gasto público, y por consecuencia, de servicios y prestaciones sociales, con fundamento en las políticas y teorías monetaristas y en el principio de libre mercado,  que deben llevarse a cabo como condiciones para acceder a préstamos.

No hay un riesgo como tal, pero el IMF podría imponer nuevas condiciones para que nuestro país acceda a créditos, que complicarían proyectos productivos.

Posteriormente y en una aparente intención de no ser evaluado, el gobierno federal removió de su cargo al titular de la Comisión Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Esto es particularmente delicado, porque la forma de evaluar y mejorar el desempeño de las políticas pública es, con una escala que ofrece una medición para corregir y perfeccionar métodos y procedimientos.

También en lo que pareciera un ánimo de no ser transparentado o fiscalizado se encuentra, la negativa a proporcionar el documento en el que el presidente se comprometa a no reelegirse.

El presidente desoye a los medios de comunicación o comunicadores críticos, a quienes anteriormente aplaudía por señalar los vicios, deficiencias y actos de corrupción de anteriores administraciones, pero no tolera que la crítica a su administración lo alcance.

Esta misma actitud la tiene la servidora pública que ejerce la titularidad de Notimex, cuando anteriormente en su desempeño como una reportera era crítica del poder. Hoy se encuentra en la posición de recibir la crítica a sus actos de autoridad y en el ejercicio de sus funciones y pareciera de piel sensible a ello.

Una parte del desarrollo de las democracias en el mundo y su ejercicio del poder lo constituye, el ejercicio crítico y libre de la opinión pública, cuya función consiste en enriquecer el debate y aportar nuevo conocimiento o crítica para el ejercicio del poder.

La actitud del Ejecutivo Federal se aleja del espíritu de los ideales de su cuarta transformación y de sus ejemplos, como Juárez, Madero o Cárdenas y le da la razón a quien lo comparó con aquel personaje de la historia que señalaba: “El Estado soy yo”.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Twitter: @racevesj 

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo

Es politólogo por la Universidad de Guadalajara (UdG) y por invitación del Alto Mando es maestro en seguridad nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) de la Secretaria de Marina. Ha sido invitado como expositor en el curso de Mando y Estado Mayor General de la Armada de Mexico, así como en el CESNAV. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad del Valle de México y cómo investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México (ININVESTAM). Twitter: @racevesj

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Nacional

Brújula Pública-Falta planeación

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Rodolfo Aceves Jiménez*

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública contiene 8 objetivos de donde se desprenden las principales acciones para erradicar la seguridad en el país.

Entre sus objetivos se encuentran la erradicación de la corrupción y reactivación de la procuración de justicia, el pleno respeto de los derechos humanos, la regeneración ética de la sociedad, reformular el combate a las drogas, la construcción de la paz, la recuperación y dignificación de los centros penitenciarios y la seguridad pública, seguridad nacional y paz.

Entre lo pendiente que tiene la Estrategia se encuentra la creación de la Ley Federal de Combate de Conflictos de Interés así como la creación del Consejo para la Construcción de la Paz; la primera para ampliar el rango de combate a la corrupción y, el segundo, como instancia de vinculación y articulación entre todas las instituciones y actores de México y del extranjero que trabajen por la paz.

La Estrategia tiene relación con el Programa Sectorial de Seguridad y Protección Ciudadana, de donde se desprenden las acciones de la Secretaría de Seguridad.

Según este Programa Sectorial tiene cinco programas especiales. El Programa Nacional de Seguridad Pública, el Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia, el Programa Nacional para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Secuestro, el Programa para la Seguridad Nacional y el Programa Nacional de Protección Civil.

Son programas que complementan los objetivos y acciones que se desprenden del Programa Sectorial citado, en cada rubro de especialidad.

El problema consiste en que no han sido publicados y, por tanto, se opera con los programas de las anteriores administraciones.

Esto presenta un conflicto programático, debido a que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública es un documento aislado que suma diversos objetivos y acciones de los Programas.

También presenta una falta de alineación con el presupuesto del Ramo 36 que ejerce la Secretaría de Seguridad, debido a que quedaron aislados, aun cuando el Programa Sectorial sí los señala.

La política pública distribuida en competencias entre la Federación, las Entidades Federativas y sus Municipios parece que no tiene hilos conductores o voluntad para colaborar de manera conjunta por mejorar la seguridad. El interés político partidista o político electoral supera la voluntad por ejercer las funciones de seguridad.

Por eso es que la ausencia de autoridad en algunos municipios del país es un ejemplo de cómo el Estado y sus instituciones abandonan sus funciones sustantivas en seguridad permitiendo que impere el desorden y la delincuencia amplíe sus dominios.

Entre las funciones abandonas se encuentra, por supuesto, la seguridad, la regulación de las actividades económico-productivas y que ahora la delincuencia ejerce esas funciones por el cobro de un derecho, la prestación de algunos servicios públicos, principalmente.

Y además claro está la ausencia de estos Programas.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Nacional

Brújula Pública- Las agencias

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Rodolfo Aceves Jiménez*

A fin del año pasado el Congreso aprobó la iniciativa a la Ley de Seguridad Nacional que presentó el presidente de la República para proscribir la participación de agentes en territorio nacional.

Esta iniciativa obliga a presentar informes mensuales sobre sus actividades lo que provocó la molestia de agencia como la DEA, que contaba con agentes en el país.

Pero en la reunión de la semana pasada en la que estuvieron altos funcionarios de seguridad del gobierno norteamericano, en la que seguramente consultaron de viva voz al gobierno mexicano, la posibilidad de que sus agentes vuelvan a tener dicha participación en campo.

El Entendimiento Bicentenario, denominación por lo que en lo sucesivo se conocerá a la extinta Iniciativa Mérida es el instrumento político jurídico necesario para que Washington tenga presencia en territorio nacional con su personal.

No obstante, hoy por hoy la Embajada de Estados Unidos en México es la representación diplomática norteamericana que tiene más personal con unas 400 personas, después a la de Egipto en El Cairo.

Lo anterior da cuenta de la importancia que para Washington representa la relación bilateral con México, debido a la cantidad de agencias y representaciones de ese país distribuidos en territorio nacional y en especial lo que significa la seguridad.

Los Estados Unidos han colaborado con las agencias de seguridad y de defensa mexicanas con intercambio de información para combatir delitos, como corrupción o narcotráfico, así como con inteligencia en tiempo real con la que se logró la detención de El Chapo.

Por su parte nuestro país ha colaborado con la detención y extradición de delincuentes para compurgar penas en las cárceles de ese país, así como en algunas operaciones especiales de interés norteamericano que han permanecido en secreto, como la participación de fuerzas mexicanas en el Operativo Lanza de Neptuno que dio muerte a “Gerónimo” nombre clave de Osama Bin Laden en Pakistán en 2011.

Hubo un momento en que las relaciones con las agencias de seguridad estuvieron debilitadas, cuando fue muerto el agente de la DEA Enrique Camarena y el piloto Alfredo Zavala, provocando las protestas del director de la DEA en México, Edward Heath y llevando a su punto más bajo dichas relaciones.

El tema fue llevado a un segundo término, aunque no ha sido del todo superado, debido a lo tortuoso de los sistemas de investigación y de impartición de justicia mexicanos, en el que todavía hasta 2019 fue consignado un presunto implicado en la tortura de Camarena Salazar.

Al final del día la participación de las agencias de seguridad norteamericanas subsana algunas deficiencias operativas de las agencias mexicanas, pero llega el punto de inflexión en el que sus investigaciones trastocan intereses ajenos de la seguridad infiltrados en las agencias mexicanas.

Quizás estos sean los intereses que impiden su intervención en territorio nacional. Ni está bien, ni está mal su participación. Es una colaboración entre países con intereses comunes.

 

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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Nacional

Brújula Pública-Intereses bilaterales

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Rodolfo Aceves Jiménez*

México y Estados Unidos poseen una relación compleja, derivada de una frontera geográfica, cultural, de seguridad, económica y política, con beneficios y perjuicios para ambas partes, en el que a veces se gana y a veces se pierde.

Desde siempre una de las preocupaciones del gobierno norteamericano en la relación con nuestro país lo constituye, además de los temas económicos, los temas de la agenda de seguridad. Esto a propósito del Diálogo de Alto Nivel del presidente de la República con el secretario de Estado, Antony Blinken, el fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.

Sobre los temas económicos, el acuerdo entre Estados Unidos y Canadá, que substituye al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), abre una nueva etapa en las relaciones con nuestro vecino país del norte, pero es posible que con la reforma al sector eléctrico toque intereses.

La economía va muy de la mano con los temas de seguridad, agenda prioritaria del gobierno norteamericano, en el que ambos gobiernos han cometido excesos en seguridad.

En febrero de 2011 el gobierno del vecino país del norte comenzó a realizar vuelos espías con aviones no tripulados, con el objeto de recoger información de inteligencia sobre la actividad de los principales cárteles de la droga en la frontera con México.

También el operativo “rápido y furioso” dado a conocer por un agente norteamericano, en el que el gobierno de ese país señala que nuestras autoridades estaban debidamente avisadas, en el que se introdujeron armas de manera ilegal.

Pero de este lado el problema no es sencillo. El saludo que hizo el presidente López Obrador a la madre de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo” y el reconocimiento a la liberación del hijo de El Chapo, Ovidio Guzmán no será pasado de largo en las pláticas sobre la preocupación de la seguridad mexicana.

Tampoco la liberación de la madre y la hermana de José Antonio Yépez Ortíz “El Marro”, así como el soborno al Poder Judicial para liberar a José Ángel Casarrubias “El Mochomo”, junto con el intento de asesinato del secretario de seguridad de la ciudad de México, presuntamente realizado por el CJNG.

En concreto, el gobierno norteamericano reclamaría la poca acción de las autoridades mexicanas para combatir al narcotráfico, mientras que el gobierno del presidente López Obrador tiene el tráfico ilegal de armas. Reclamos mutuos, pues.

Algunos son sucesos tienen su origen en la corrupción sistémica en algunas dependencias de los órganos del Estado mexicano, pero que su impacto puede ser determinante para la permanencia de las inversiones extranjeras.

Pero con acuerdos o sin acuerdos, la seguridad mexicana depende de un gran encuentro de voluntades para superar los terribles dramas que provoca.

*Es Maestro en Seguridad Nacional por la Armada de México

Correo electrónico: racevesj@gmail.com

Twitter: @racevesj

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