Por Laura Gutiérrez Franco
La crisis de agua potable que golpea a la Zona Metropolitana de Guadalajara no encontrará una solución real mientras ciertos actores involucrados mantengan posturas de cerrazón y sigan eludiendo sus responsabilidades. La lógica en este momento de emergencia debería ser muy simple y contundente: quien consuma agua, que la pague, sin importar si se trata de la Universidad de Guadalajara, de grandes corporativos o de cualquier sector empresarial.
Resulta profundamente injusto que, en medio del desabasto y las deficiencias del servicio que padece la ciudadanía en sus hogares, existan instituciones que pretendan ampararse en privilegios para evitar liquidar deudas millonarias. Es urgente que las autoridades impulsen una campaña estricta de cobro y fiscalización para garantizar que todos aporten los recursos que legítimamente le corresponden al sistema hidráulico.
El caso de la Universidad de Guadalajara es un claro ejemplo de esta falta de voluntad para apoyar a Jalisco y a la ciudad. Personajes como Tonatiuh Bravo Padilla han salido públicamente a argumentar que la institución está exenta del pago de agua según la Constitución por tratarse de una entidad educativa, pretendiendo desconocer un adeudo facturado por el SIAPA que asciende a 900 millones de pesos.
Resulta cuestionable que estas posturas provengan de figuras como Bravo Padilla, quien siempre ha vivido del erario público y hoy prefiere evadir la responsabilidad social de la casa de estudios. A esta postura evasiva se ha sumado la propia rectora general de la UdeG, Karla Planter, al sostener que no deben esa cantidad. Con esto, las autoridades universitarias prácticamente se están haciendo tontas ante un compromiso financiero que hace menos de un año sí habían reconocido y aceptado negociar, dando la espalda por completo a las necesidades de la metrópoli en un momento crítico.
Dicen que solo deben lo correspondiente al consumo en las empresas universitarias, como por ejemplo el Auditorio Telmex donde tienen un adeudo de aproximadamente 15 millones de pesos y no pagan.
El trasfondo de esta resistencia no es meramente administrativo, sino abiertamente político y electoral. Actualmente, el gobernador Pablo Lemus está haciendo su lucha mediante la presentación de un plan integral y proyectos diseñados específicamente para resolver esta problemática a largo plazo, a la espera de que se consoliden las aportaciones federales necesarias para su ejecución.
Sin embargo, la oposición y los grupos políticos que lucran con la crisis le tienen un miedo evidente a este proyecto. Saben perfectamente que si el gobierno actual soluciona el desabasto de agua, ellos se quedan sin banderas políticas y pierden su principal botín electoral para los próximos comicios. Por lo tanto, su estrategia consiste en bloquear, descalificar y frenar cualquier avance con tal de que el problema persista en perjuicio de la población.
En contraste con este bloqueo local, se han llevado a cabo gestiones directas en la capital del país para destrabar la falta de presupuesto. La alcaldesa de Guadalajara, Verónica Delgadillo, acudió formalmente ante el Congreso de la Unión con el objetivo de exigir y asegurar la asignación de recursos federales extraordinarios que permitan subsanar la grave situación del agua potable en la metrópoli.
Esta postura institucional refleja que la única vía para salir del bache es la exigencia firme de presupuestos y la corresponsabilidad financiera de todos los usuarios, dejando de lado los chantajes políticos que hoy por hoy mantienen secuestrado el derecho de los tapatíos a recibir agua limpia y constante. Esta exigencia compartida busca inspirar a que todos los sectores asuman su compromiso con la ciudad en lugar de buscar pretextos legales para no pagar lo que consumen.
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