Por: Laura Gutiérrez Franco
El triunfalismo macroeconómico tiene piernas cortas cuando choca de frente con la realidad regional. El pasado jueves, la Presidenta Claudia Sheinbaum se vistió de manteles largos en su conferencia matutina para presumir lo que llamó un desempeño histórico de la economía mexicana, respaldada por el último informe de la OCDE. Sacó a relucir una tasa de desempleo del 2.7 por ciento, colocándonos en el olimpo laboral global, casi al nivel de Japón. Qué bonito se escucha en el micrófono. Qué peligroso es cuando se lee a medias.
El problema de este optimismo gubernamental es que omite deliberadamente la letra pequeña del propio organismo que cita. Presumir que no hay desempleo en un país donde la informalidad laboral devora al 54.3 por ciento de la fuerza laboral no es un logro; es una tragedia estructural. Estamos hablando de más de 32 millones de mexicanos que viven al día, en la total vulnerabilidad, sin seguridad social, sin aguinaldo, sin prestaciones de ley y sin certidumbre jurídica.
En México, la gente no está desempleada porque la economía sea maravillosa; no está desempleada porque si no trabaja por su cuenta, no come. Romantizar la informalidad u ocultarla detrás de un indicador internacional es un daño severo para el país y, sobre todo, para los propios trabajadores.
Y mientras en la Ciudad de México el discurso oficial se enfoca en celebrar récords, aquí en Jalisco los datos reales cuentan una historia radicalmente distinta. Las cifras del propio IMSS correspondientes al cierre de junio, difundidas de manera puntual por la Coparmex Jalisco, nos aterrizan de golpe.
Por un lado, sufrimos un frenazo en el empleo. Tan solo en el mes de junio, Jalisco registró una estrepitosa pérdida de 18 mil 626 empleos formales. La expectativa de que la actividad y los reflectores del Mundial de Fútbol inyectaran dinamismo quedó pulverizada. Con esto, durante todo el primer semestre de 2026, el estado apenas ha logrado generar 5 mil 585 puestos formales; es decir, un raquítico 21 por ciento de la meta anual proyectada, que era de 26 mil empleos.
Por el otro, se registra la muerte de empresas y patrones. El empleo no se destruye solo; se cae porque las empresas están asfixiadas. Coparmex Jalisco alertó que en la primera mitad del año se han perdido 1,792 registros patronales. La proporción es alarmante: por cada empresa que abrió en el estado, 35 dejaron de operar. El eslabón más débil, como siempre, fue el de las micro y pequeñas empresas de 1 a 5 trabajadores, que concentraron el 91 por ciento de estos cierres.
¿Por qué la Presidenta no habla de estas cifras que también son suyas, emitidas por el IMSS? Porque evidencian que el semáforo laboral está en rojo. Prefiere dar datos incompletos y acomodar láminas a modo antes que reconocer que el aumento en los costos de la formalidad y la falta de estímulos están estrangulando a las unidades económicas que sí pagan impuestos y sí sostienen el sistema de seguridad social.
Presentar verdades a medias es la forma más sofisticada de manipular la realidad. Mientras el discurso federal presume cifras con aroma a primer mundo, los estados y los sectores productivos lidian con las cortinas cerradas de los pequeños comercios y las bajas masivas en el Seguro Social. Es hora de hablar con la verdad completa, porque con discursos selectivos no se llenan las mesas de los hogares mexicanos.
A esto se suman los excesos derivados de la defensa ciega de estos datos manipulados. Recientemente, Mitzuko Márquez Monroy, dirigente de Morena en Colima, se atrevió a declarar en una asamblea que todo aquel que no esté feliz con la situación del país debería retirarse de México. Correr a los ciudadanos que no están de acuerdo con el rumbo oficial no solo es una insensatez, sino una ofensa democrática. Es el reflejo de una clase política que no debería estar en el servicio público, envalentonada por los datos irreales que se difunden desde la Presidencia.
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