Por Laura Gutiérrez Franco
En un México donde el secreto de Estado parece el mejor aliado de la impunidad, al senador Luis Donaldo Colosio Riojas se le ocurrió una idea que a más de uno en el gobierno de la llamada “Cuarta Transformación” le debe estar quitando el sueño: prohibir por completo que se reserve información sobre políticos bajo investigación o con cuentas pendientes con la justicia.
¡Vaya audacia la del legislador de Movimiento Ciudadano! Pretender que los ciudadanos sepamos en qué se gastan nuestros impuestos o qué joyitas del servicio público tienen carpetas de investigación abiertas. ¿Pues en qué país se cree que vive?
¿En qué consiste la propuesta de Colosio Riojas?
La iniciativa busca reformar la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública para poner un candado definitivo a la opacidad gubernamental. Los puntos clave de la propuesta son:
Cero reservas por “seguridad nacional”: Evitar que el gobierno catalogue como “secreto” cualquier expediente incómodo bajo el cómodo pretexto de la seguridad del Estado.
Luz sobre las auditorías: Impedir que se oculte la información de funcionarios que hayan gastado dinero de más o que tengan observaciones financieras sin aclarar, permitiendo el reclamo y la rendición de cuentas inmediata.
Exposición de deudas con la justicia: Que los políticos con procesos judiciales abiertos o deudas penales no puedan escudarse en el “debido proceso” para mantener sus antecedentes en la sombra.
El argumento de fondo: La información pública pertenece a los ciudadanos, no al partido en el poder. Si un funcionario desvía recursos o comete un delito, el pueblo tiene derecho a saberlo en tiempo real, no cinco o diez años después, cuando el delito ya prescribió o el político ya está disfrutando de su retiro en el extranjero.
El “sello de la casa”: Tapar delincuentes por cinco años (o hasta que los descubran)
La propuesta de Colosio no surge en el vacío; responde a la obvia y sistemática costumbre del actual régimen de aplicar el “bótox informativo” a sus funcionarios más cuestionados.
El ejemplo más cínico y reciente se vivió con el polémico caso del (ex) gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. En un principio, la narrativa oficial y las dependencias no dudaron en intentar ocultar y reservar la información de su caso por cinco años. Claro, cinco añitos para que se enfríen las cosas, para que la memoria colectiva olvide y para que el sexenio termine en santa paz.
Sin embargo, tras el escándalo y la presión mediática, la Presidenta tuvo que salir a recular —con esa maroma tan ensayada de la 4T— a decir que “siempre no toda”, que solo una partecita y que se revisaría el asunto.
¿Por qué el empeño en reservar?
La respuesta es tan obvia que raya en el cinismo: es la forma perfecta que tiene el gobierno para blindar a sus allegados. Bajo el manto protector de la opacidad, la 4T defiende a sus “delincuentes bien portados” al por mayor, mientras en el discurso matutino juran que ya no hay corrupción ni amiguismo.
Es verdaderamente enternecedor ver cómo el discurso oficial de “no mentir, no robar y no traicionar” se topa con la realidad de las cajas fuertes informáticas. Resulta casi un chiste de mal gusto que quienes prometieron abrir todas las ventanas del gobierno sean los primeros en poner cortinas de acero cuando las auditorías no cuadran o cuando sus gobernadores salen salpicados en investigaciones criminales.
¿Cómo se les ocurre andar defendiendo a presuntos delincuentes con tanta obviedad? Pensarán que los mexicanos todavía nos chupamos el dedo o que el truco de culpar al pasado funcionará para siempre para justificar por qué esconden las facturas y los expedientes judiciales de hoy.
La iniciativa de Colosio Riojas es un recordatorio incómodo para el régimen: el que nada debe, nada teme, y el que nada esconde, no necesita andar decretando reservas de cinco años. Veremos si la mayoría oficialista en el Congreso se atreve a votar a favor de la luz pública, o si prefieren seguir operando en la cómoda y cómplice oscuridad.
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