Opinión
Hay quienes creen que al ser servidores públicos pueden hacer lo que quieran con su encargo, incluso contratar a sus parientes en primer grado como empleados del gobierno, lo peor de todo es que sienten que hacen lo correcto.
Me refiero al caso que se da en el Congreso del Estado de Jalisco, en donde vemos como se han utilizado las posiciones del poder para realizar contrataciones que contravienen la normatividad en la materia, ya que encontramos que una diputada contrata a su propio hijo como su jefe de oficina y otra a su propio hermano, si, me refiero a las diputadas, una de ellas por el partido Revolucionario Institucional María del Refugio Ruiz Moreno, quien contrató a su vástago José Luis Coronado Ruiz como empleado del poder legislativo, quien defiende la contratación diciendo; “Yo sí tengo a mi hijo aquí trabajando, y vaya que le pone la muestra hasta a los que son de aquí del propio Congreso, porque cuida mi trabajo“ (mural 16-07-2018).
La otra, es la diputada de Morena Victoria Anahí Olguín Rojas, quien contrató a su hermano Luis Armando, y que estuvo adscrito a su oficina, quien lo despidió cuando se dio a conocer esta noticia.
Vaya cinismo, no sé si las legisladoras conozcan la Ley General de Responsabilidades Administrativas o la Ley de Responsabilidades Políticas y Administrativas del Estado de Jalisco, que dicho sea de paso ellas votaron, en donde se señala el tema de conflicto de intereses, que es donde se encuadra este tipo de conductas.
Este ordenamiento legal busca que cualquier servidor público no aproveche su encargo para que tengan beneficios sus parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado o para con quienes tenga relación de negocios o profesional
Al parecer las diputadas no entienden que nuestro sistema político-jurídico ha cambiado desde las épocas en que el Presidente de la República podía nombrar a su hijo subsecretario de estado, y todavía se ufanaba de ello, eso llevo al hartazgo de la gente y justamente es lo que se busca erradicar de tajo, por lo que se han creado instituciones que sancionan y buscan erradicar estas conductas, como los Órganos Internos de Control.
Ahora la pelota está en la cancha del Mtro. Raúl Bermúdez, Titular del Órgano Interno de Control en el Congreso del Estado, quien deberá, por conducto del área investigadora, realizar las pesquisas conforme al nuevo ordenamiento legal, y una vez agotadas las mismas enviar su expediente al Tribunal de Justicia Administrativa, por tratarse de una conducta grave, a fin de que ellos impongan la sanción a ambas diputadas, por lo que nos encontramos en un momento crucial para que se dé la credibilidad y se fortalezca la confianza en las instituciones encargadas del combate a la corrupción derivados de estos casos de nepotismo.
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