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La Fiscalía General de la República ahora sí va por el famoso abogado del crimen, Marco Antonio del Toro Carazo: defensor de Javier Duarte, de Elba Esther Gordillo y otros personajes así de innombrables e impresentables, del Toro esta vez fue demasiado lejos y está acusado de falsificación de documentos y claro, litigar con ellos.

Del Toro Carazo es uno de los que más rompen con aquel principio honesto de litigar solo en tribunales. El no, el lo primero que hace es llevar a los medios su victimización y la victimización de sus clientes. Se ha llevado 8 columnas en diarios como El Informador, Mural, etcétera, por sus actuaciones, pero esta vez la justicia va contra él.

Hoy domingo 28 de junio El Occidental y Mural dan cuenta de lo que en abogados menores, sin escrúpulos se llaman huizachadas y en él, son actos terribles que enlodan a la Procuración de Justicia, donde tiene grandes amigos como el Fiscal General de Jalisco Gerardo Octavio Solís Gómez, quien le deja organizar fiestecitas dentro del Reclusorio a sus clientes, fiestecitas ilegales delatadas por Mural.


Gerardo Octavio Solis, su amigo…


La nota de Mural dice:
Por el presunto delito de falsificación de documentos, la Fiscalía General de la República (FGR) pretende imputar al abogado Marco Antonio del Toro Carazo y sus colaboradores.

“La corporación abrió la carpeta de investigación FED/JAL/GDL/0000426/2019 en su contra por el supuesto uso de un oficio que serviría para absolver (sic) a sus clientes Rogelio Veyan Humphrey y Manuel Cardona Picones, quienes han sido vinculados con el ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira (sic) y señalados por un fraude fiscal que asciende a 441 millones de pesos (sic), desde 2015.

“De acuerdo con documentos en poder de MURAL, el despacho jurídico presentó ante un juez, un acuerdo supuestamente emitido por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en el que declara (sic) el no ejercicio de la acción penal a favor de Veyan Humphrey y Cardona Picones, entre otros.

“Luego de tramitar el sobreseimiento del juicio 15/2018-III contra los señalados, el Juez Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales en Jalisco ordenó la verificación del oficio, determinando que posiblemente era apócrifo (sic), pues carecía de registro oficial y quienes lo firmaron nunca laboraron en la SEIDO.

“El juez federal denunció el caso (sic), instruyendo a la FGR (sic)que se iniciara una indagatoria por el probable ilícito.

“Tras las pesquisas iniciales, el 15 de mayo pasado, la Agencia Investigadora de la FGR en Guadalajara giró los citatorios y solicitó se abra una audiencia (sic) para formulación de imputación contra los implicados.

“En el requerimiento se listan los nombres de Del Toro Carazo; Luis Ricardo Chávez Coronado; Luis Fernando Camarena Fexil; Guillermo Hernández Rodríguez; Ricardo Alejandro Calderón Regalado y Juan Carlos del Toro Caviedes, así como a los propios Veyan Humphrey y Cardona Picones”.

Mural explica que el litigante Del Toro Carazo, que no había denunciado nada, él que es amante de los medios de comunicación, y le llama “El jurista Del Toro Carazo”, realizó “una publicación en Facebook advirtiendo que se trata de una campaña de desprestigio orquestada por un grupo delincuencial.

“Una imputación que surge de una carpeta de investigación plagada de anomalías que consiguieron hacer a mi persona, a mi hijo, a mi gran discípulo y socio, así como a amigos abogados -que considero familia- de mi despacho, como a otras personas que desde luego no incurrieron en conductas ilegales”, expuso en su mensaje en redes sociales”. 

Ya, sus dichos bien rebuscados, clichés, solo evidencian conocimiento anacrónico de los medios de comunicación y sí muestran conocimiento de leyes. Dan risa sus explicaciones, aunque sean muy jurídicas.

 

Las opiniones expresadas por los columnistas son responsabilidad exclusiva de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de Expedientes Afondo
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Coyuntura

A decir verdad- Economía mexicana en tiempo real: Cifras ajenas al presidente

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Por Rubén Iñiguez*

Los mexicanos quieren saber en tiempo real como está nuestra economía. Desde antes del Covid-19, por lo que los indicadores demostraron la caída terrible de la actividad económica y la estatización preferencial para PEMEX y CFE.

Para ello, recurriremos a BBVA Reseach, así como a las observaciones de Carlos Urzúa, un economista experimentado que renunció al gabinete de AMLO, en la titularidad de la Secretaría de Hacienda, el primero de julio del año pasado.

*Pérdida de empleo.* Hay una caída del 92.4% de los empleos formales hasta con dos salarios mínimos. Adicionalmente 9.9 mil patrones formales bajaron las cortinas de sus negocios en los meses de abril y mayo de este año. La situación agravada por el Covid-19 muestra que las empresas que se dieron de baja como patrones ante el padrón del IMSS eran principalmente micro empresas.

La tasa de cierre de empresas está en ascenso en el segundo trimestre del año. La situación es tan grave que 600 mil empresas en este momento están paralizadas. Los analistas de BBVA indican que el gobierno de la 4T no está tomando medidas al respecto. Las políticas anti cíclicas, que se deben aplicar en este periodo tan malo, son paliadas con discursos en que los datos se reducen a una tercera parte de la realidad. Ese ocultamiento de información es una forma de engaño por parte del Presidente López Obrador.

Otro dato doloroso es que 11.8 mil personas que desarrollaban trabajo en el sector informal pasaron con el descenso del PIB a la desocupación. (Tianguistas, comerciantes semifijos, prestadores de servicios ambulantes).

*Consumo.* Se observa la caída de dos dígitos en las cifras de consumo, los mexicanos no están comprando como antes. Las compras actuales son de alimentos y de comercio electrónico, en tanto que los servicios, están en serios problemas.

*Condiciones del Gobierno.* La entrevista del catedrático Carlos Urzúa, ex secretario de Hacienda de la 4T, evidenció que la recaudación fiscal de México, está hundida por la disminución de empresas, la incertidumbre que hostiliza a la inversión y las condenas al sector privado.

Raquel Buenrostro, titular del SAT, alardea de que los grandes empresarios como Walmart, están pagando sus cuentas de impuestos sin descuentos. -Aunque no se descarta que se hayan llegado a acuerdos recaudatorios bajo la mesa- pero su recuperación es solo del 14% del gasto público.

Es decir, Don Carlos plantea que se necesita un mínimo de un 20% de recaudación para que el gobierno sea viable. La falta de inversión extranjera – como es el caso de Constellation Brands- así como el ataque en el sector energético, a los generadores de energía limpia siguen pesando.

En resumen, el gobierno no tiene dinero, y está empeñado en rescatar a la insolvente paraestatal PEMEX, al Tren Maya y al Aeropuerto de Santa Lucía. Los déficits de dependencias oficiales, la desaparición de organismos, se basan en la crisis financiera oficial, por ello se mira ahora a las AFORES de los ahorradores mexicanos, para planear su dilapidación, con el objetivo de financiar al gobierno de Andrés Manuel. _BBVA estima que la recuperación económica llegará (si el gobierno de la 4T toma las decisiones correctas guiado por Banxico) será hasta el año 2025._

*Descenso del PIB.* BBVA lo coloca con escenario bajo y adverso de -12% (superior a la estimación del FMI que era de -10.5%). Esto sin medir el impacto que ha provocado el Covid-19, que podría llegar hasta un -16%. Catastrófico sin duda.

Esto supone un viraje total de la manera en que se ha manejado la economía en este sexenio. AMLO lleva dos años en la misma tónica de incertidumbre y error.

López Obrador, habló de cifras aproximadas a los 500 mil casos de desempleo en el país, sin embargo, se estima un porcentaje mayor a un millón quinientos mil casos de desempleos en México. Evidenció que nuevamente busca ofertar optimismo, pero la situación dista de ser tranquilizadora, y parece más confiable la información de las instituciones financieras y bancarias, que las propias cifras oficiales del gobierno federal “pues parecen traer otros datos”.

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Policía Metropolitana de Guadalajara, otra ocurrencia más

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Horacio Villaseñor Manzanedo*

La seguridad pública, en general, se encuentra regulada por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece algunas bases mínimas y limitantes en la materia, siendo reglamentaria de dicho artículo la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Respecto de las autoridades competentes en seguridad pública, conforme lo señala el artículo 115, fracción III, inciso h, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se trata de un servicio público municipal, por lo que los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, pueden coordinarse y asociarse para su más eficaz prestación o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. Por su parte, la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, en el artículo 34, fracción XIII, establece que la seguridad pública es de interés metropolitano y, por tanto, a partir de su artículo 31, es de entender que existe deber de acción conjunta en dicha materia en un área metropolitana. Para el caso de Jalisco, con base en los decretos 23021/LVIII/09 y 25400/LX/15 publicados en el Periódico Oficial “El Estado de Jalisco” los días veintiséis de diciembre de dos mil nueve y veintiséis de agosto de dos mil quince, respectivamente, se ha conformado como el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), integrada por los municipios Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán, Ixtlahuacán de los Membrillos y Zapotlanejo. Por acuerdo de los Ayuntamientos de los municipios indicados, tomados en sesiones del 25 al 27 de octubre de 2016 (así lo señala el Convenio específico) se aprobó la celebración de un convenio específico para la creación de la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS) como organismo público descentralizado intermunicipal, lo que fue formalizado mediante Convenio del día 31 de octubre de 2016. Es de destacar que en dicho convenio también es parte el Gobierno Estatal, al haber comparecido el Gobernador, el Secretario General de Gobierno, el Secretario de Planeación, Administración y Finanzas y el Fiscal General del Estado. En la cláusula tercera de dicho convenio se señala que la AMS no es competente ni ejerce funciones de operación policial y mando, lo que permanece en los Ayuntamientos; pero sí le corresponde formular, instrumentar y proponer programas y políticas públicas municipales metropolitanas, así como realizar estudios y análisis que permitan encontrar los mecanismos de interés público que garanticen el derecho humano a la seguridad. El 26 de julio de 2019 se firmó un convenio para la creación de otra dependencia, el Organismo Público Descentralizado (OPD) Policía Metropolitana de Guadalajara que sustituyó a la Agencia Metropolitana de Seguridad (AMS). Como no se llevó a cabo, la modificación de los artículos 101 y 102 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, a fin de señalar los casos relativos a las instancias metropolitanas de seguridad con atribuciones operativas, bajo los convenios específicos, con un artículo transitorio que estableciera el deber de reglamentación por parte del área metropolitana o asociarse y crear la Policía Metropolitana de Guadalajara, resultó lo que hoy es. Ninguna instancia de coordinación metropolitana, agencias u organismos públicos desconcentrados con un enfoque de gobierno metropolitano funcionará, ello es equivocado, es ignorante desde la perspectiva de la administración pública municipal y no es el camino adecuado. Coordinarse, no significa crear espacios institucionales metropolitanos, solo coordinarse. Si coordinarse, cuesta un peso más, ¡no se coordinen!, el espíritu de la coordinación metropolitana es ahorrar. Los ayuntamientos deben de recuperar el control de sus territorios y no se logrará con ediles improvisados. Ceder las obligaciones municipales, es irresponsable y tonto. Lo que se debe hacer es fortalecer los ayuntamientos, integrarlos con gente profesional, lograr que sean eficaces, fuertes, autosuficientes, que resuelvan los problemas públicos de su competencia, para que después se coordinen en lo que sea necesario, hoy solo coordinan sus miserias y su ignorancia. De allí que la Policía Metropolitana de Guadalajara, fue otra ocurrencia más. Ni modo.

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Colosal fracaso del Gobierno de Jalisco; Mural le prueba que abrió economía y Covid-19 dañó más

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Lo advirtió el equipo médico y de científicos de la Universidad de Guadalajara, que tanto ensalzó al principio de la crisis de Covid-19 el gobernador Enrique Alfaro; lo dibujaron periódicos como Mural y como El Informador; lo escribieron numerosos periodistas y lo publicó A Fondo: esta reapertura económica necesaria en la entidad, se hizo sin la mínima información, recomendaciones, etc. Al no tener pies ni cabeza, nos llevarán al matadero: lo hicieron.

Después vendrán los ajustes de cuentas al equipo del gobernador pero hoy 3 de julio en su portada, el diario Mural desglosa los estragos que ha causado el Covid-19 desde que se aplicó la “responsabilidad individual”, eufemismo de Enrique Alfaro para advertir: ¡sálvese si pueden! Porque “vamos a abrir negocios y paseos”.

La nota dice: “La reactivación económica acelerada y el rompimiento del aislamiento fortalecieron al coronavirus. En junio se dispararon tanto el número de contagios como las muertes.

“De acuerdo con datos proporcionados por la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), de los 762 fallecidos reportados hasta ayer, 75.4 por ciento murió entre el 1 y 30 de junio.

“Además, 78 de cada 100 contagios en la entidad fueron notificados por la SSJ durante el mes pasado. El 23 de junio se reportaron 598 casos positivos, siendo la cifra récord para el Estado en lo que va de la pandemia.

“Uno de los semáforos que determinan qué negocios pueden reabrir es el de casos activos, el cual ya está en rojo. Al cierre de junio se contabilizaban mil 661 personas que habían contraído la enfermedad en los últimos 14 días.

“Tras el regreso gradual de las actividades económicas y sociales -a partir del 18 de mayo-, el virus SARS-CoV-2 atacó con más fuerza en junio y empezó a cobrar la vida de personas sanas y niños.

“Según cifras de la dependencia estatal, del 14 de marzo al 31 de mayo, de las 179 personas fallecidas, sólo 20 no presentaban comorbilidades como hipertensión, obesidad, diabetes o tabaquismo. En junio, 83 de las 575 víctimas no tenían otras enfermedades”.

Ya no uso más de esa nota por hoy, pero usted se puede dar cuenta de la gravedad de este recuento: ya tienen un gran panteón por Covid-19 pero lo siguen negando y siguen lanzando bolas de humo.

Que con su pan se lo coman.

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