Por Laura Gutiérrez Franco
La reciente declaración de la presidenta Claudia Sheinbaum sugiriendo a la población no sintonizar una cadena de televisión abierta (TV Azteca) ha encendido las alarmas en el gremio periodístico y en la sociedad civil. Aunque posteriormente la Mandataria matizó sus dichos asegurando que no se trataba de censura sino de “su simple opinión”, el peso de la investidura presidencial convierte cualquier “sugerencia” de este tipo en una flagrante descalificación institucional que atenta contra la pluralidad y el derecho a la información de los mexicanos.
La reacción de las organizaciones civiles y de los profesionales de la comunicación no se hizo esperar. El Foro Nacional de Periodistas emitió un enérgico comunicado en el que señaló que este tipo de pronunciamientos denigran a los medios de comunicación y vulneran las garantías constitucionales de libertad de expresión. Lejos de comportarse con la apertura y el humanismo que tanto pregona el discurso oficial de izquierda, la actitud presidencial fue percibida como un intento de línea editorial desde el púlpito público.
Por su parte, el periodista Javier Alatorre fijó una postura contundente en el noticiero Hechos de la Noche por supuesto en TV Azteca, respondiendo textualmente a los señalamientos del Ejecutivo:
“La libertad de expresión no es una concesión del gobierno, es un derecho de los ciudadanos. Descalificar a un medio desde el poder no es dar una opinión; es una muestra de autoritarismo que busca silenciar las voces que cuestionan y exponen las realidades del país. Los ciudadanos somos los únicos que decidimos qué ver, qué escuchar y en qué creer.”
El trasfondo de este conflicto revela una estrategia sistemática donde el debate de ideas ha sido sustituido por la polarización. Mientras que en las conferencias matutinas se cobija y da voz prioritaria a una red de creadores de contenido, influencers y supuestos comunicadores alineados —quienes bajo sospecha pública operan mediante cuotas de apoyo y redes de granjas de bots—, a los creadores independientes y tiktokers críticos se les exhibe y se les “pone el dedo” públicamente si no comulgan con la narrativa gubernamental.
El argumento de que los gobiernos del pasado eran los únicos que ejercían el control de la información se desmorona ante los hechos actuales. La intolerancia a la crítica demuestra que el actual régimen carece de una auténtica vocación abierta y humana. Censurar indirectamente el disenso, asfixiar a los medios no alineados y utilizar la maquinaria del Estado para premiar el elogio pagado es la verdadera fórmula de control con la que se pretende operar hoy en México. La información libre es un derecho humano, no una agenda que la Presidencia pueda moldear a su conveniencia.
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