Horacio Villaseñor Manzanedo
Los alcaldes metropolitanos se quejan de que la policía vial no se ve en las calles, sin embargo, si los agentes de vialidad pueden hacer lo que deseen, se les antoje o les convenga, mejor que no estén allí. Entonces, ¿no están en las calles, porque el gobernante no los puede controlar o porque ni idea tiene de lo que hace? Cualquiera de las dos respuestas, la que sea, lo reprueba, un gobernante que no ordena, que no pone orden ni soluciona nada, entonces solo manda, pero no ordena. Me explico, en la segunda mitad del periodo reciente anterior 2013-2018 de la administración pública estatal, la policía vial hizo un notorio trabajo, sin dinero extra y con poco tiempo, pero con inteligencia, disciplina, cuidado y esmero, logró en tres años incrementar el número de mujeres policías 333 %; reducir la edad promedio del corporativo policial 27 %; aumentar el nivel académico de las y los agentes viales 180 %; evaluar en control de confianza al 100 % del estado de fuerza de entonces; disminuir el numero de reprobados por control de confianza en 83 %, e incrementar la capacitación del cuerpo policiaco, más de tres mil por ciento, destacándose en temas como defensa y ética policial, perspectiva de género, cultura de la legalidad, derechos humanos, sistema penal acusatorio, conducción de vehículos policiales, primeros auxilios, armamento y practicas de tiro, leyes y reglamentos y movilidad no motorizada, entre otros muchos más. Al terminar ese periodo de encargo administrativo, entregó al actual, al responsable del periodo 2019-2024, una policía vial renovada, integrada por mil hombres y mil mujeres, ellas seleccionadas a través de una convocatoria abierta, pública, con reglas claras que no permitían el ingreso de influyentes ni recomendadas, un proceso que duraba por lo menos 7 meses, denominado “Buscamos a las mejores”, proceso de selección que permitió que las 1000 seleccionadas fueran las mejores de diez mil que lo intentaron. La anterior administración entregó una policía vial capacitada, calificada, preparada, con buena imagen pública, orgullosa de lo que era y con grandes esperanzas de poder servir a la sociedad como mandata la ley, realizándose profesionalmente. Entonces, ¿por qué, ahora, 9 de cada 10 ciudadanos reprueban la policía vial, si son las y los mismos agentes y la misma sociedad? Simple, porque el “gobernante” es distinto y echó a perder el buen esfuerzo realizado por sus antecesores. En días recientes, los alcaldes de Guadalajara y Zapopan reclamaron que la policía vial no se ve en las calles, pero primero deben asegurarse si al estar en las calles harán lo que deben hacer y para ello se requiere que haya capacidad directiva y eso es lo que falta. Los alcaldes metropolitanos se equivocan al decirle al Gobernador lo que debe hacer, por que los que deben saber qué hacer son ellos, los alcaldes, ya que constitucionalmente la atribución y obligación de garantizar el servicio de policía preventiva y tránsito es de ellos y en lugar de decirle al Gobernador lo que debe hacer, que por cierto, no tiene por qué hacerles caso y no lo hará, ellos deberían hacer lo que se tenga que hacer para que los ayuntamientos recuperen sus atribuciones en materia de tránsito, atribución que ayuntamientos anteriores cedieron, y demostrar con hechos que ellos lo pueden hacer mejor. Creer que no tienen la capacidad para dar directamente un buen servicio de policía preventiva y tránsito en sus territorios, es cierto, pero no es capacidad financiera lo que les falta sino intelectual, la administración pública es ciencia administrativa y con regidores improvisados, sin preparación ni experiencia en la función pública es imposible hacer algo bueno. Lo que deben hacer, es simple, pero imposible si no le entienden. La situación actual en la que se encuentra el Área Metropolitana de Guadalajara en materia de tránsito es y ha sido, desde hace tres años, motivo constante de reclamos sociales que, vistos en su objetividad, son llamadas de atención de un conjunto de ciudadanos cansados ante las fallas constantes de gobierno. No se trata de algo menor: el gobierno municipal ha dejado de hacer su función en la forma constitucional y legal debida y lo reclaman los legitimados para ello. Dichas fallas se traducen en molestias o pérdida de vidas, en dificultad de desplazamientos, en imposibilidad de acudir de forma oportuna a realizar las actividades cotidianas de sustento, esparcimiento con la familia, o descanso después de la actividad laboral. El gobierno municipal debe no solo observarlo, sino retomarlo y solucionarlo, dando estos tres claros pasos; a) regresando la responsabilidad directa, al Ayuntamiento; b) coordinándose solo entre municipios conurbados, y; c) robusteciendo el marco normativo para crear condiciones de seguridad jurídica para el ciudadano y normas mínimas de seguridad vial; con la existencia de instituciones de gobierno que en el servicio garanticen el derecho humano de tránsito, que deberán asegurar que sus servidores públicos incorporen en su quehacer diario los deberes señalados en el artículo 109, fracción III de la Constitución. Se dice fácil, pero ya sé ¡no saben cómo lograrlo! Ni hablar.
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