Horacio Villaseñor Manzanedo
En promedio, los gobiernos “chafa” del país gastan en su nómina al rededor del 50% de su presupuesto y los de la Zona Metropolitana de Guadalajara son de los peores, oscilan en el 60% cuando lo óptimo sería, aprovechando lo que propone la Ley de Pareto, el 80/20, 80% para gasto de inversión en infraestructura y equipamiento y solo el 20% en burocracia. ¿Por qué no pueden? Porque no saben cómo hacerlo, creen que es imposible, pero en Guadalajara, en el periodo 1980-1982, el ayuntamiento de entonces lo hizo. Deben empezar por contratar funcionarios, jefes, tomadores de decisiones que saben gobernarse a sí mismos, lo que implica entender que la persona natural, el político, cuando gana una elección debe conducirse, en la función pública, como la persona artificial que la organización espera de él. Debe tener claridad respecto a que el empleado gubernamental no puede hacer lo que crea, desee o sienta, aunque erróneamente se haya comprometido con sus conocidos o cuates que le ayudaron en la campaña política. Su deber es cumplir la ley que, por cierto, constitucionalmente, es lo que debe hacer, en ella se establecen sus atribuciones y únicas funciones que, tienen por objeto el orden institucional y el fin único, lograr el bien general, no el de unos cuantos y menos el de sus allegados. Un directivo capaz, sabe mandar y lo más importante, se asegura de que todos los que dirige se conduzcan con la máxima diligencia, eficacia y los valores que dignifican su función. La tarea de un funcionario es mayúscula, los servicios públicos deben servir y solo sirven si se prestan en inmejorables condiciones en todo momento, no un día sí y otro no, y a toda hora, no ahorita sí y al rato no. Ese es el tamaño del reto con el que nunca podrán si no aprenden y logran trabajar con los empleados que hay cuando se llega al encargo, aunque no los conozcan o les caigan mal, sin importar sean de confianza, sindicalizados o supernumerarios. No poder con esto será el primer desacierto y serán gobierno, pero sin capacidad para gobernar. Solo, si es el caso, deben despedir al empleado plenamente justificado, aquel que se le prueben fallas o faltas con razones convincentes, documentadas. Meter a la nómina compromisos, esos que ayudaron en la campaña, es lo que hacen peculiarmente, dañando al erario y la posibilidad de lograr la eficiencia deseada por la ciencia administrativa. Despiden trabajadores de confianza que algo aprendieron, para meter a sus amigos que tendrán que aprender. Despiden trabajadores de base, injustificadamente, generando demandas que se perderán, serán reinstalados y se pagarán sueldos caídos y, contratan eventuales que en realidad no lo son, inflando la nómina con gente que no se requiere. Al concluir el periodo de la administración que se les encargó, los nuevos “políticos” hacen exactamente lo mismo y el gasto burocrático aumenta y aumenta en una época de grandes avances tecnológicos que, aprovechándolos,facilita hacer exactamente lo contrario, que hubiera menos gasto burocrático. Trabajar con cuates, además de que no aporta a la efectividad institucional, al estar rodeados de “paleros”, serviles, se cubren las tonterías o sinvergüenzadas que muchos directivos hacen y que solo los sindicalizados pueden destapar, por eso ellos, satanizados por muchos, porque también tienen lideres abusivos, son un mal necesario. Ni hablar.
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