Horacio Villaseñor Manzanedo
Lo único que los arquitectos, ingenieros y urbanistas no estudian es administración pública, de allí que involucrarlos en la planeación del desarrollo de la ciudad desarregló todo. Los estudiosos de esas profesiones aprenden a diseñar y construir edificios y espacios en general, pero sugerir lo que una ciudad necesitará para su desarrollo, sin saber lo que se hará institucionalmente o cómo se planea la haciendapública, es imposible. La planeación para desarrollar la metrópoli debe ser un acuerdo entre sociedad y gobierno, no entre profesionistas de la construcción y dueños de la tierra. Creer que ellos, porque levantan edificaciones son opción para ordenar o reordenar la ciudad, es un error y la mejor prueba es la realidad en la que nos encontramos. El orden territorial surge de la efectividad al otorgar servicios básicos, primero debe pensarse la infraestructura y construir las obras para que haya agua, drenaje, accesos, tránsito, transporte, recolección de basuras, seguridad, etc., las edificaciones privadas deberían proponerse después, pero por ineptitud gubernativa esto no sucede, los profesionistas de la construcción se filtran en los gobiernos para poder desarrollar sus economías, no las de interés general. La realidad es que con “gobernantes” chafa es imposible que la sociedad civiltenga garantizado el derecho a vivir con dignidad en una ciudad y que la sociedad económica no haga negocios. Me explico; si en la zona metropolitana de Guadalajara, los tapatíos, no sabemos cómo ni dónde será el sitio y método de disposición final de las basuras en los próximos años; si no sabemos lo que se construirá en los alrededores de casa; ni, si está garantizado en el futuro, el abasto de agua potable domiciliario, el drenaje suficiente, el aire limpio, el alumbrado público, la movilidad, los alimentos al alcance de todos, la seguridad, etc., o ignoramos dónde estará la última morada de nuestros seres queridos, entonces, ¿qué está planeado? Los profesionales de la construcción, sin duda, debenparticipar en la elaboración de reglamentos para construir, pero en los planes y programas de desarrollo urbanístico, no. Lo que se necesita, lo que hace falta, la sociedad lo sabe perfectamente, todos los días sufre las deficiencias que tiene la gran ciudad y la obligación del gobierno es administrarla para solucionar sin perder el mando público, que da orden. El problema no es lo que falta, sino la incapacidad para dotar todo lo que no se tiene, por cierto, sin endeudar el erario, el problema es la incapacidad de los directivos públicos para saber y poder hacer lo que les toca, de allí que todo este mal. No se puede desarrollar una ciudad sin administradores gubernamentales, la función de los arquitectos, ingenieros y urbanistas no es la dirección pública, hoy en día, lo único que no hace un titular de obra gubernamental es construir, su función es contratar empresas constructoras y en la norma se observa la obligación de que sea un profesional de la arquitectura, la ingeniería, el urbanismo o similar, un constructor que contrata constructoras. Lo que se requiere es una gran labor reglamentaria, abrogar todos los reglamentos que inciden en el ordenamiento territorial donde se observan normas repetidas, contradictorias o de difícil aplicación, y crear uno nuevo que sistematice en un solo instrumento todas esas normas que fueron creadas en diferentes épocas y con diferentes “enfoques”, privilegiando, ahora, el derecho urbanístico y el interés de todos los habitantes. La obra pública debe enfocarse en el valor público y ser, particularmente, de fácil conservación y mantenimiento. Como no hay gobierno que gobierne,los grupos de interés hacen lo que les conviene, no lo que se requiere. Pensar la ciudad no es construirla, sino administrarla, sin gobernantes talentosos nunca se podrá arreglar lo mal hecho. ¡Ni hablar!
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