Horacio Villaseñor
La ciudad no se construye con ladrillos, se construye con decretos, entiéndase, su planeación no responde a una lógica técnica y mucho menos de bienestar social. Sin embargo, en la Guadalajara de hoy, esos decretos han dejado de ser instrumentos de planeación para convertirse en guiones de una elaborada obra de urbanismo de ficción. Así pues, los ayuntamientos metropolitanos operan como casas productoras de un progreso que solo existe en los elegantes renders de las inmobiliarias y utilizan al flamante e inservible Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del Área Metropolitana de Guadalajara (IMEPLAN) como escudo para seguir operando bajo sus propios intereses políticos y financieros, mientras el ciudadano común ha sido relegado, por la fuerza o por el engaño, al asiento de atrás de un vehículo que no sabe a dónde va, pero que corre a toda velocidad hacia el colapso.
El problema de fondo no es la falta de técnicos, sino la abundancia de “urbanistas paleros”. Estos personajes, disfrazados de académicos o consultores “progresistas”, han perfeccionado el arte de validar el despojo y los “servicios insuficientes o inexistentes”. Son los encargados de ponerle el sello de “sustentable” a torres que asfixian barrios tradicionales y de llamar “redensificación inteligente” a la saturación de servicios que ya estaban colapsados. Para estos validadores del capital, la ciudad no es un espacio de convivencia con calidad, sino un inventario de metros cuadrados de alta plusvalía y negocios particulares.
Estamos ante gestiones municipales chafa que hanclaudicado en su responsabilidad primaria: la ordenación territorial en favor del interés general. Los Planes Parciales de Desarrollo, que deberían ser la carta magna de nuestra convivencia urbana, se han transformado en menús a la carta para desarrolladores. El ayuntamiento, en lugar de actuar como el árbitro que garantiza el equilibrio, se ha convertido en una ventanilla de trámites acelerados donde la ética pública se canjea, en el mejor de los casos, por “compensaciones” que nunca llegan a reflejarse en las calles, en el agua que falta, en el drenaje que no drena o en el tráfico que nos roba la vida.
En este modelo de ciudad-mercancía, el ciudadano es un “convite de piedra”, un adorno. Se le convoca a mesas de socialización que son, en realidad, simulacros de participación donde todo está decidido de antemano. Se le dice que la verticalidad es el futuroy sí, es cierto, pero se le oculta que esa densidad se está inyectando en una red de infraestructura que, en muchas zonas, tiene más de 50 años y ya está colapsada. No se le dice que esa verticalidad está diseñada para la especulación y no para la vivienda accesible, no se le dice que a la verticalidad en Guadalajara le falta su “otra mitad”, esa que le toca hacer al ayuntamiento: la capacidad de soporte. Sin inversión en infraestructura, la verticalidad no es progreso, es una transferencia de riqueza de los servicios públicos hacia los desarrolladores y de ello,el gobierno municipal por omiso es el único culpable y en el derecho administrativo, la omisión de cumplir con sus obligaciones es causa de responsabilidad administrativa. Mientras el chofer (la autoridad) y el copiloto (el inversionista) celebran el aumento del PIB inmobiliario, el ciudadano, en el asiento de atrás, observa cómo su barrio pierde identidad, su patrimonio pierde servicios y su ciudad pierde el alma.
Es momento de desnudar la ficción. El urbanismo sin humanismo es simple ingeniería del lucro, y una ciudad que ignora a sus habitantes para servir a los tabuladores financieros está condenada a ser, tarde o temprano, un cascarón vacío de concreto y soberbia. ¡Ni hablar!
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