Staff A Fondo.- Lo que comenzó como un trámite para regularizar un permiso terminó convirtiéndose, según un comerciante de Tlaquepaque, en una cadena de presuntas extorsiones, amenazas de clausura y cobros irregulares atribuidos a funcionarios municipales de distintas áreas del ayuntamiento.

Isaac Asensio, propietario de una taquería en la zona de Loma Bonita y El Sauz, denunció ante la Fiscalía Anticorrupción y el propio gobierno municipal que personal de Licencias, Inspección y autoridades delegacionales presuntamente le exigían dinero para permitirle continuar trabajando.

El comerciante acusó directamente a la delegada municipal Silvia Losa de pedirle 50 mil pesos “de mochada” para frenar el hostigamiento contra su negocio, mientras que inspectores presuntamente solicitaban pagos de 2 mil pesos por quincena para evitar clausuras, en prácticas que afirmó, operaban como un presunto “cobro de piso” institucional desde oficinas públicas.
Asensio relató que su familia trabajó por más de 30 años en ese punto y recordó que su padre enfrentó conflictos similares con autoridades municipales antes de fallecer en 2017. Tras intentar reactivar el negocio, aseguró que el ayuntamiento pretendía cobrarle más de 38 mil pesos por supuestos adeudos generados entre 2017 y 2025, pese a que el local permaneció cerrado durante ese periodo.
El comerciante señaló que pasó al menos seis meses recorriendo oficinas municipales sin recibir una respuesta formal, transparencia en los cobros ni documentos que justificaran las cantidades exigidas, lo que evidenciaría dijo, un sistema burocrático utilizado para presionar económicamente a pequeños comerciantes.
La denuncia escaló políticamente luego de que el regidor Eduardo Ramírez Pérez afirmara que los señalamientos alcanzan a la Delegación de Loma Bonita, la Dirección de Padrón y Licencias, Inspección y Vigilancia e incluso a la estructura del gobierno encabezado por la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura.
El caso vuelve a colocar bajo cuestionamiento el actuar de áreas municipales encargadas de regular el comercio en Tlaquepaque, mientras comerciantes acusan que los trámites oficiales terminan convertidos en mecanismos de presión, corrupción y recaudación irregular disfrazada de supervisión administrativa.
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