Por Laura Gutiérrez Franco
La crisis que atraviesa el municipio de Tequila ha dejado de ser un rumor de pasillo para convertirse en una denuncia abierta y dolorosa que sacude los cimientos de Jalisco. Las recientes declaraciones de Antonio Lancaster-Jones, coordinador del Consejo de Industriales de Jalisco (CIJ), han puesto el dedo en la llaga: el asedio criminal en la región no distingue giros ni tamaños dentro del sector productivo. No se trata solo de la industria tequilera, pilar de nuestra identidad, sino de un ataque sistemático contra industriales de todo tipo, quienes han sido víctimas de una red de extorsión que operaba, presuntamente, desde las entrañas del poder municipal.
El reporte de más de una decena de industriales víctimas de este delito -hecho por Lancaster Jones- es solo la punta del iceberg de un ecosistema donde la ley fue suplantada por el miedo. La detención del exalcalde Diego Rivera, hoy vinculado a proceso por nexos con la delincuencia organizada y recluido en el Altiplano, confirma lo que muchos sospechaban: el ayuntamiento se había convertido en una extensión de los intereses del crimen.
Ante este panorama, Lancaster-Jones ha sido enfático: lo que el sector industrial exige es certidumbre para las inversiones, pues sin garantías básicas de seguridad, el motor transformador de la región corre el riesgo de detenerse.
Sin embargo, lo más preocupante es el escenario actual. Con la llegada de la nueva presidenta, Lorena Marisol Rodríguez, surge una duda razonable y profunda sobre el futuro inmediato del municipio. Al ser una figura emanada del mismo grupo administrativo que hoy está bajo investigación, es inevitable cuestionar si estamos ante una verdadera limpieza institucional o simplemente ante una simulación de continuidad.
Por cierto ¿ya se retractó de decir que en Tequila nunca hubo extorsión? Por Dios, oblíguenla o es más de lo mismo.
La analogía es inevitable y amarga: parece que en Tequila se está replicando ese modelo que tanto criticamos en dictaduras como la de Venezuela, donde tras la caída o salida de un operador, el sistema se apresura a colocar a alguien del mismo círculo para asegurar que los hilos del control no se rompan. El riesgo de que solo cambien los rostros pero permanezca la misma estructura de complicidades es latente, especialmente cuando se sabe que gran parte de la policía municipal operaba sin controles de confianza y bajo mandatos ajenos al bienestar ciudadano.
A este complejo escenario se suma la reciente visita del Gobernador Pablo Lemus, quien en su recorrido prometió apoyo a la ciudadanía para enfrentar la crisis. No obstante, sus palabras chocan con una realidad jurídica ineludible: según el artículo 115 de nuestra Constitución, el municipio es autónomo. Esta supuesta tutela desde el Ejecutivo estatal, aunque se presente como “apoyo”, pone en entredicho la capacidad de autogobierno de una localidad cuyas instituciones parecen haber sido rebasadas o, en el peor de los casos, entregadas a intereses ajenos al bien común.
Finalmente, el vacío institucional en Tequila es alarmante y se hace evidente en la operatividad diaria. Tras la detención del exalcalde, gran parte del equipo administrativo que integraba diversas direcciones simplemente huyó, dejando sus puestos desiertos. Hasta el día de hoy, muchas de estas titularidades siguen sin ser ocupadas por nuevos funcionarios, lo que mantiene al municipio en una parálisis administrativa que agrava aún más la incertidumbre de sus habitantes y del sector productivo.
Tequila no puede permitirse un “gatopardismo” donde todo cambie para que todo siga igual. Los industriales y la sociedad civil exigen certidumbre jurídica y seguridad real, no promesas de escritorio que vulneren la autonomía municipal. Si no se desarticula de raíz la red de corrupción que permitió que el crimen se sentara en la silla presidencial, la economía y la paz de esta región emblemática seguirán secuestradas por la sombra de un dictador invisible que sigue moviendo las piezas desde la oscuridad.
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