Horacio Villaseñor Manzanedo
No voy a especular, trataré de ser responsable y claro con lo que aquí apunto. Con años de estudio y experiencia en el ejercicio de la función pública, puedo asegurar que en los gobiernos hay más ignorantes que “rateros”, pero que la ignorancia y la ineptitud no permiten controlar nada, ni siquiera que los gobiernos puedan gobernarse a sí mismos, eso hace que las sinvergüenzadas y la corrupción en la función pública, crezca y crezca. La deshonestidad siempre ha estado prohibida en la constitución nacional, específicamente en su Artículo 134, lo que no prohíbe es la ineptitud porque supone que la sociedad elige, como representantes, a los más preparados, cosa que en la realidad no es cierto, la mayoría de las y los candidatos primero y gobernantes después, no están listos para la función pública y se tiene que elegir a alguno de ellos porque civilizados y cultos hay muy pocos o como decía conocido comediante “no hay, no hay”. Eventualmente, pueden ser populares, pero seguramente ignorantes en temas de administración gubernamental, por cierto, las carreras de administración pública son recientes y lamentablemente no hay muchos expertos dando clase. Entonces, si tengo razón, la corrupción es consecuencia de la falta de pericia y habilidad para gobernar, no es el problema sino el resultado, es consecuencia de tanta incapacidad, porque al no saber cómo controlar poderosos corporativos públicos y no haber sistemáticamente sanciones o castigos por violar la ley, todos los empleados hacen lo que les convenga. Si no pasa nada cuando los “funcionarios”fallan o roban se vuelve atractivo hacerlo, si no robaban, roban, les conviene y no hay consecuencias,reza un dicho popular, “en el arca abierta, hasta el justo peca”. Todo empleado de gobierno jura cumplir la ley, los de mayor jerarquía lo hacen en público, pero todos en sus contratos sean de confianza, de base o eventuales se comprometen a cumplirla, pero como podrán ver, no lo hacen y no hay problema. Me explico: En el texto original del Artículo 134 de la constitución nacional de 1917, hace 108 años se observaba la siguiente sentencia, “[…] Todos los contratos que el Gobierno tenga que celebrar para la ejecución de obras públicas, serán adjudicadas en subasta, mediante convocatoria, y para que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será en junta pública”. Lo anterior aseguraba encontrar la propuesta más ventajosa para el Estado, no para los gobernantes. Así permaneció hasta 1982, cuando el artículo se modificó quedando con el siguiente texto:“[…] Las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestaciones de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.” Como se puede observar, esta modificación incluyó todos los gastos, a excepción de los honorarios de empleados. En otro párrafo del mismo Artículo 134 se determina que en las leyes secundarias se observará lo que debe hacerse si hubiera, eventualmente, algún caso de excepción a la licitación pública porque ella no garantice la economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que exige la constitución nacional. Así pues, en las leyes de adquisiciones y obra pública, se observan los casos de excepción, haciendo hincapié que: “[…] por regla general se debe licitar…” y, por regla general se entiende, la mayoría de los casos, por lo menos la mitad más uno, y, ¿cuál es la realidad? Los gobiernos nacional y estatales, desde hace décadas, en promedio, solo licitan alrededor del 10% de sus contratos y los municipales alrededor del 1% lo que evidencia que la constitución, que juraron cumplir, es “letra muerta” y no pasa nada. En Guadalajara y su zona metropolitana han incumplido funcionarios emanados del PRI, PAN, MC y MORENA, y probablemente ni lo saben, porque han aprobado leyes y reglamentos que permiten asignar contratos por montos, contradiciendo lo que manda la constitución del país, ¡todos los partidos políticos son igual de “chafa”! y, aquí la prueba. Ni hablar.
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